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En Foco

Rosario, ¿laboratorio para la entrada del crimen organizado en Argentina?

El aumento de la violencia criminal en la ciudad argentina de Rosario no es expresión de un crecimiento en la magnitud del delito de “narcotráfico” sino de una crisis de las formas de gobernanza y de los mecanismos formales e informales de regulación de la violencia. Entre las variables que explican la violencia y sus características en Rosario, hay que considerar el rol del Estado, encarnado en leyes y agentes que la aplican o negocian su aplicación.

Por Sabina Frederic, Mariana Galvani y Alina Ríos

En los primeros meses de 2023, la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, fue escenario de una sucesión de hechos de violencia, algunos letales y varios calificados de “mafiosos”, amplificados por la prensa nacional e internacional, que la ubicaron como el lugar de asentamiento del “crimen organizado”. El hecho que le dio mayor visibilidad internacional fue, sin dudas, la balacera al frente del supermercado propiedad de la familia política de Lionel Messi.  Pero Rosario no es un nuevo escenario de violencia, por el contrario, desde el año 2017 sube la tasa de homicidios, siguiendo la tendencia contraria que la Argentina reporta desde 2014.  La tasa de homicidios 2021, de acuerdo con los últimos datos oficiales, reporta 4,6 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes total país, 4,7 para la Provincia de Buenos Aires, donde se ubica la región metropolitana más densamente poblada de la Argentina; y 10.1 para la Provincia de Santa Fe. Los datos preliminares de 2022 de la provincia de Buenos Aires indican un nuevo descenso, mientras los de Santa Fe se incrementan.

Es evidente que el mercado de drogas ilegales es inmensamente mayor en la región metropolitana de Buenos Aires (incluyendo la Ciudad de Buenos Aires) que en Rosario.  Hay allí más consumidores, más bocas de expendio y una red articulada de agentes y grupos de distinta escala que resuelven el lavado de dinero, la logística del transporte mayorista, el fraccionamiento, el comercio al menudeo, los arreglos con autoridades estatales, entre otros asuntos.  Sin embargo, tendemos a caer en el error de pensar que el crimen es “organizado” en Rosario y no en Buenos Aires, porque allí se asocia con la violencia extrema, pero no en esta última ciudad. Es decir que la manera en que generalmente se usan las categorías de crimen organizado o narco lleva a eludir el análisis de las formas de organización criminal que incluyen mecanismos de regulación de la violencia y/o que producen violencias menos letales. Creemos que es necesario complejizar la relación entre “crimen organizado” y “violencia” para observar y comprender los mecanismos que se dan las organizaciones delictivas para administrar el uso de las violencias e, incluso, asegurar su funcionalidad respecto del desarrollo del negocio ilegal.

En todos los centros urbanos de Argentina existen organizaciones de personas que comercian en el mercado de drogas ilegalizadas. Pero, a juzgar por los datos objetivos de descenso de la tasa de homicidios en los mayores centros urbanos de la Argentina, las formas de organización criminal violentas están desde 2014 más encapsuladas en la ciudad de Rosario. Cabe entonces preguntar cuáles son las condiciones que impiden en la ciudad de Rosario una administración del negocio ilegal de drogas con menores índices de letalidad.

El Estado, agente regulador

Entre las variables que explican la particularidad de Rosario hay que considerar, sin dudas, el rol del Estado, encarnado en leyes y en agentes que la aplican o negocian su aplicación. La organización de comercio de drogas ilegalizadas no “penetra” a la sociedad y a las instituciones estatales como algo que viene de “afuera”. Emerge en esa trama como efecto de intercambios habituales y regulares. Entonces no es “la falta de Estado” o la “debilidad de sus instituciones” la causa del “avance del delito de narcotráfico”. Al contrario, el Estado interviene en las condiciones de posibilidad de cualquier mercado ilegal, y es el que impone el carácter ilícito a ciertas prácticas y mercancías.

En Argentina el delito de tráfico ilegal de drogas está tipificado por una ley de 1989, de acuerdo con una política global prohibicionista que, en nombre del cuidado de la salud, persigue penalmente el consumo y el tráfico de ciertos estupefacientes y promueve el tratamiento por vía de la abstención. En nombre de la salud se construyen criminales, y se persigue a los consumidores. El Estado define cuáles drogas son ilegales y cuáles se pueden comprar en una farmacia.

Además, hay que tomar nota del funcionamiento de los dispositivos estatales que habilitan o propician las violencias entre quienes trafican mercancías ilegalizadas y hacia quienes no son parte del negocio. El Estado negocia su intervención a través de diversos agentes que producen una administración discrecional de las prácticas ilegalizadas. Los actores estatales involucrados son desde los policías desplegados en el territorio hasta los jueces, pasando por funcionarios políticos. Algunos por omisión y otros por acción, impulsan mecanismos donde se combina la regulación formal e informal.  De modo que, las formas de gobernanza, como explica Benjamin Lessing en Conceptualizing criminal governance (Perspectives on Politics. 19(3), 854-873, 2021) de las organizaciones criminales varían en función de los acuerdos —más o menos extorsivos— que realizan con los actores estatales. También varía la violencia que proyectan para sostenerse y avanzar.

Igualmente, de manera inversa, no hay que pensar que una intervención fuerte de control estatal necesariamente tendrá como consecuencia una baja inmediata en los niveles de violencia. En 2020, las autoridades de las fuerzas federales evaluaban que el incremento de los homicidios en Rosario podía ser efecto de la intervención de fuerzas federales cuando a partir de 2014 se detuvieron a los líderes de los grupos más importante. Esto habría provocado feroces enfrentamientos entre potenciales sucesores, incidiendo en el aumento de los homicidios.

La cuestión identitaria

Para entender ese encapsulamiento de la violencia en Rosario también hay que introducir las formas de reafirmación identitaria por vía de la autopercepción “narco” y el ejercicio de la violencia letal entre varones jóvenes, tal como muestra Eugenia Cozzi en De ladrones a Narcos. Violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento (Teseo, Buenos Aires, 2022).  Es también necesario relativizar la visión según la cual son solo dos bandas (Los Monos/Cantero y los Alvarado) las que se disputan desde la cárcel el control del mercado generando todas las balaceras en Rosario. La competencia por el mercado de venta de drogas ilegales y por el del tráfico ilegal de armas, que genera violencia, está mucho más atomizada.  

Rosario carece de una fuerza policial con autoridad para regular el crimen. Hay indicios que señalan que sus sucesivas reformas debilitaron su autoridad, como también lo hizo la reforma judicial que introdujo el sistema acusatorio y con ello el organismo denominado Ministerio Público de la Acusación.  Esos indicios apuntan a la ruptura de los antiguos —sin duda espurios— lazos con el poder judicial.  Es decir, el esquema de persecución penal pseudo legal que otrora permitía controlar los mercados ilícitos traficando impunidad se quebró, y hoy rige una profunda desarticulación y descoordinación, carente de estrategias que apunten a la reducción de la violencia letal.

Entendemos que en la ciudad de Rosario el aumento de la violencia puede no ser expresión de un crecimiento en la magnitud del delito de “narcotráfico”. Que, antes bien, es expresión de una crisis de las formas de gobernanza, es decir de los mecanismos formales e informales de regulación de la violencia. Para revertir esta situación es preciso identificar de qué manera las agencias estatales participan en la configuración de estas lógicas del accionar criminal, y con creatividad política diseñar nuevas formas de intervención. Conocemos los efectos negativos de la perspectiva prohibicionista. Quizás debamos animarnos a rediscutir cuáles son los daños sociales que queremos prevenir, cuáles son las prácticas que es preciso evitar y cuáles son los caminos para lograrlo, incluso más acá de la prohibición legal.

Sobre las autoras

Sabina Frederic es Doctora en Antropología Social de la Universidad de Utrecht, Holanda. También e Investigadora Independiente de CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes. Ministra de Seguridad de la Nación Argentina (2019-2021). Presidenta del Instituto de Investigaciones En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencia. Actualmente es presidenta de la Agencia de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Mariana Galvani es Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Directora Nacional del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Sabina Frederic (2019-2021). Es docente en distintas universidades, tales como la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Lanús (UNLA) y el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA). Directora ejecutiva del Instituto de investigación En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencia.

Alina Ríos es Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora de CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani/UBA. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales/UBA. Miembro del Instituto de Investigación En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencia.

Fragmentos de este artículo fueron publicados previamente en El Diplo, abril 2023. https://www.eldiplo.org/286-ganara-china-la-batalla-tecnologica/el-estado-en-el-mercado-de-drogas-ilegalizadas/