Inteligencia criminal y Estado de Derecho
La inteligencia como producción de conocimiento estratégico para la toma de decisiones puede ser una potente herramienta para el desarrollo de nuestro país y el fortalecimiento de nuestra democracia. Pero para ello, debe ajustarse a los marcos del Estado de Derecho a partir del establecimiento de reglas claras sobre los procedimientos legítimos así y las condiciones de transparencia y mecanismos de control democrático y de rendición de cuentas. Además, debe existir una política de estado sostenida que establezca a mediano y largo plazo las necesidades de inteligencia en relación a cuestiones estratégicas relativas a la defensa, la seguridad y al desarrollo socioeconómico proyectado para el país.
La consolidación de los marcos institucionales y los acuerdos políticos que validen democráticamente las actividades de inteligencia requiere profundizar el camino iniciado con la Ley de Inteligencia de 2001, las reformas planteadas en 2015 y los encuadres promovidos por la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre 2019 y-2022.
Desde En Foco nos proponemos contribuir al debate amplio y profundo necesario para la construcción de la legitimidad de las actividades de inteligencia, un debate que incorpore además miradas críticas y diversas. Es preciso avanzar en una clara diferenciación funcional de los distintos órganos de inteligencia, discutir los alcances e incumbencias de la inteligencia criminal, la inteligencia estratégica militar y la inteligencia para el desarrollo soberano y sustentable. Y también revisar los modelos institucionales de articulación y conducción política de la actividad.